Por César Román
Hace unos días varios medios de comunicación informaban de que 7 de cada 10 euros gastados en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica se habían invertido en publicidad de la propia ley. Lo comentaba yo hace unos días con el historiador Pio Moa a lo que este asentía como si conociese el dato antes de ser publicado. Se veía venir, me vino a decir, porque es lo que suele pasar con las leyes que tienen como único objetivo la propaganda. Propaganda y por qué no decir la verdad, una ley creada para meterle el dedo en el ojo al Partido Popular, obligándole a retratarse a favor o en contra en plebiscito público y colocándole en una obvia situación incómoda. Esto sin olvidar que hay personas con la cabeza muy amueblada que entienden que es también una maniobra para deslegitimar la propia transición y el conjunto de normas y leyes que se instauraron a partir de ella. Pero me quiero centrar en lo que ha supuesto el despilfarro de esta ley innecesaria a todas luces, mientras por otro lado se nos habla de austeridad, de apretarnos todos el cinturón, de recortes y congelaciones.
Pondremos sólo como ejemplo pormenorizado la aplicación de esta ley. Hasta el día de hoy la ley ha tenido un coste de 3,5 millones de euros procedente de la Administración General del Estado entre dinero destinado a la aplicación de la ley y las correspondientes subvenciones y ayudas para los grupos que abanderan su cumplimiento. Grupos y asociaciones que, por qué no decirlo, están en una gran mayoría en la órbita del partido socialista y por tanto son amigos y/o compañeros de partido. A esa cantidad hay que sumarles las partidas económicas que varias autonomías destinaron a lo mismo y que fundamentalmente han sido Andalucía, Cataluña, Extremadura y Cantabria, de quien no tenemos por reiterativo que recordar el signo político que rige en ellas. Las autonomías han destinado casi 2 millones de euros más. Además el Ministerio de Defensa ha corrido con el coste de la eliminación de los símbolos de cuarteles y establecimientos militares, que costado casi medio millón más. También tenemos que tener en cuenta que, según los datos de las propias Asociaciones de Ley de Memoria Histórica, se han realizado el cambio de casi 800 calles, plazas o placas a cargo del erario municipal. Ello conllevar además del gasto del cambio de las placas nominales y de eliminación de símbolos, el cambio en las señalizaciones de tráfico. Los ayuntamientos se han gastado un millón y medio de euros, aunque algunos de ellos lo hicieron a cargo del Plan E. Es decir que en total se han destinado aproximadamente unos 1350 millones de las antiguas pesetas u 8 millones de euros que se llaman ahora. Y eso sin tener en cuenta los gastos colaterales que conllevan los cambios de calles y plazas para el ciudadano de a pié.
Cualquier ama de casa sabe que cuando las cosas andan mal hay que destinar el dinero a lo imprescindible y dejar de lado lo innecesario. Pero se ve que en el consejo de Ministros hay pocas amas de casa, y esa lógica les es ajena. Mientras toda la clase media española paga los platos rotos de su incompetencia, ellos siguen lapidando nuestro dinero en leyes absurdas que en nada ayudan a superar la situación. Esta ley es un ejemplo de ello. Nadie la había pedido, salvo cuatro desarrapados que ya habían hecho sus cuentas sobre las subvenciones que se podían arrimar a sus bolsillos, con la macabra excusa de andar abriendo zanjas para demostrar lo malo que fue Franco. Algo que por cierto a la mayoría de los ciudadanos nos la trae al pairo. Sobre todo cuando en lo único que la mayoría puede pensar es en encontrar un trabajo, o en ver cómo puede llegar a final de mes.
Artículo publicado en el periódico Alerta Digital. com el 15/06/10
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